La regla es simple: si hay alguien legalmente obligado a pagar la asistencia, el sistema público atiende pero no paga, y reclama el coste. La lista de obligados está tasada en la cartera común. El más frecuente en urgencias es el seguro obligatorio de automóviles, que funciona con convenios sectoriales: tarifas cerradas, un parte normalizado y plazos para aceptar o rechazar. Del dato que se recoja en admisión depende que la factura salga.

El principio: si hay obligado, no paga el sistema

La Ley General de Sanidad lo dice con todas las letras: los ingresos por asistencia en los seguros obligatorios especiales y en todos los supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago «tendrán la condición de ingresos propios del Servicio de Salud correspondiente»; esos gastos no se financian con los ingresos de la Seguridad Social; y las administraciones que hayan atendido «tendrán derecho a reclamar del tercero responsable el coste de los servicios prestados» (art. 83) ¹. Otra regla de la misma ley cierra el círculo: los ingresos no pueden revertir en quienes intervinieron en la atención (art. 83) ¹. Es decir, el profesional no cobra más por atender a un lesionado de tráfico.

El artículo 16 añade el caso de las personas sin derecho a la asistencia pública, que pueden acceder como pacientes privados; la facturación la hacen las administraciones de cada centro, sobre los costes efectivos, y los ingresos son propios del servicio de salud (art. 16) ¹. La cartera común recoge ambos supuestos: reclamar a los terceros obligados según su anexo IX y cobrar a quien, sin derecho, haya sido atendido como paciente privado (art. 2.7) ².

La lista legal de terceros obligados

El anexo IX de la cartera común enumera los supuestos, y alcanza a todo tipo de atención: transporte sanitario, urgencia, especializada, primaria, farmacia, ortoprótesis, productos dietéticos y rehabilitación ². El CatSalut lo reproduce para sus centros en el documento sobre la urgencia en el SISCAT ³.

Fuente: Real Decreto 1030/2006, anexo IX ²; en Cataluña, documento del CatSalut ³.

Un matiz que se olvida a menudo: el anexo habla de seguros obligatorios. El seguro de salud que una persona contrata voluntariamente no figura en la lista ². Que alguien tenga póliza privada no convierte a su aseguradora en tercero obligado cuando se atiende en la sanidad pública.

Accidentes de tráfico: quién responde

La ley de responsabilidad civil en la circulación hace al conductor responsable, «en virtud del riesgo creado», de los daños causados a las personas por los hechos de la circulación (art. 1.1) ⁴. Todo propietario de un vehículo a motor con estacionamiento habitual en España debe tener un seguro que cubra esa responsabilidad hasta los límites del aseguramiento obligatorio (art. 2.1) ⁴.

Cuando no hay aseguradora a la que reclamar, entra el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública que indemniza, entre otros casos, los daños a personas causados por un vehículo desconocido, por vehículos sin seguro o por vehículos asegurados que han sido robados (art. 11.1) ⁴. Si hay controversia entre el Consorcio y una aseguradora sobre quién debe pagar, el Consorcio indemniza primero y luego repite contra la aseguradora si resulta que le correspondía a ella (art. 11.1.d) ⁴.

Qué gastos sanitarios cubre el seguro

El baremo de tráfico distingue dos momentos:

• Hasta que la lesión se cura o se estabiliza. Se resarcen los gastos de asistencia sanitaria hasta «el final del proceso curativo o estabilización de la lesión», incluidas prótesis, órtesis y productos de apoyo prescritos (art. 141.1) ⁴. Las aseguradoras «podrán pagar directamente a los centros sanitarios» mediante convenios (art. 141.2) ⁴, deben garantizar la libre elección de centro por el lesionado y reembolsarle lo que haya pagado, si está justificado y es médicamente razonable (art. 141.3) ⁴.
• Después de la estabilización: asistencia futura. Las prestaciones que el lesionado necesite de forma vitalicia (art. 113) ⁴ se abonan por las aseguradoras «a los servicios públicos de salud o a las mutuas», dentro de los límites del baremo, y aseguradoras y servicios públicos pueden firmar acuerdos específicos para facilitar el pago (art. 114) ⁴. Las prótesis y la rehabilitación domiciliaria o ambulatoria futuras se resarcen directamente al lesionado (arts. 115 y 116) ⁴.

Los convenios sanitarios de tráfico

Reclamar caso a caso a cada aseguradora sería inviable. La ley prevé que las aseguradoras puedan adherirse a «convenios sectoriales de asistencia sanitaria para lesionados de tráfico», con condiciones equivalentes y no discriminatorias para todas (art. 8.3 y 8.4) ⁴. El texto público más reciente es el del INGESA, el servicio de salud de Ceuta y Melilla, con el sector asegurador y el Consorcio para 2026-2029, publicado en el BOE ⁵. Sirve como modelo de cómo funcionan estos convenios:

Las tarifas del anexo I para 2026 dan una idea del orden de magnitud: 766 euros por día de hospitalización en planta, 1.534 por día de cuidados intensivos, 324 por urgencia sin ingreso, 900 por cirugía mayor ambulatoria y 75 por consulta externa ⁵. Son las de ese convenio y ese servicio de salud. [PENDIENTE: convenio sanitario de tráfico vigente en Cataluña para los centros del SISCAT, con sus tarifas; no se ha localizado publicado en fuente oficial].

Deporte, colegio, fiestas y otros obligados

El resto de terceros obligados funciona con la misma lógica, pero sin un convenio general publicado:

• Deportistas federados. El Seguro Obligatorio Deportivo cubre a los federados en competiciones oficiales de ámbito estatal; sus prestaciones mínimas incluyen la asistencia médico-quirúrgica y hospitalaria por accidente en España «sin límites de gastos» y hasta dieciocho meses, con libre elección de centros y facultativos concertados ⁶. El anexo IX extiende la obligación a los deportistas profesionales ².
• Seguro escolar, viajeros, caza. Figuran como supuestos de tercero obligado en el anexo IX, sin que la cartera común detalle su funcionamiento ².
• Fiestas, actividades recreativas y espectáculos. Son tercero obligado cuando hay un seguro de accidentes o de responsabilidad civil que cubre esas actividades ^{2 3}.

Con qué precio se factura

Un centro público no factura a su gusto: aplica precios públicos aprobados. En el Institut Català de la Salut los supuestos facturables y sus precios los fija la Ordre SLT/71/2020, revisada para 2025 por la Resolució SLT/4583/2024, y se factura cuando hay una entidad obligada «legalment o contractualment» al pago o cuando la persona no está cubierta por el sistema público ⁷. [PENDIENTE: orden de precios públicos del CatSalut vigente en 2026 para reclamar a terceros la asistencia de los demás centros del SISCAT, con su referencia en el DOGC; no se ha podido abrir el texto oficial].

Cuando hay convenio sectorial, como en tráfico, se aplica la tarifa del convenio. En el del INGESA, si una aseguradora no está adherida o incumple las resoluciones de la comisión, el servicio de salud puede facturar a precio público o con sus tarifas generales ⁵.

Caso práctico

Una ciclista de 28 años es atropellada por un turismo en un cruce urbano y llega a urgencias de un hospital del SISCAT con un traumatismo craneal leve. Queda en observación doce horas y se le da el alta.

Es un tercero no usuario del vehículo: paga la aseguradora del turismo causante ⁵. Admisión pide la matrícula y, si la tiene, la aseguradora del vehículo; con eso se emite el parte de asistencia ⁵. Si el conductor se dio a la fuga, el vehículo es desconocido y la reclamación va al Consorcio de Compensación de Seguros ⁴.

Si nadie recoge la matrícula en urgencias, al día siguiente es casi imposible recuperarla. El episodio acabaría imputado como actividad pública ordinaria, que es justo lo que la ley pretende evitar ¹.

Qué implica para los sistemas

Dato	Dónde se captura	A quién se envía
Tipo de tercero (tráfico, deporte, escolar, festejo, otro)	Admisión de urgencias, como motivo de financiación del episodio	Determina el circuito de facturación 2
Datos del siniestro: fecha, lugar, matrículas, aseguradoras, condición de la víctima	Ficha de siniestro ligada al episodio	Parte de asistencia a las aseguradoras implicadas 5
Información clínica de alta (diagnóstico, tipo de alta)	Informe de alta y codificación	Acompaña a la factura de hospitalización en el convenio (anexo III) 5
Estado del expediente: enviado, aceptado, rechazado, pagado	Gestión de cobros a terceros	Plataforma del convenio o reclamación individual 5
Tarifa aplicable (convenio o precio público)	Maestro de tarifas por financiador	Factura 7

Los plazos del convenio —60 días para el parte, 30 para aceptar, un año para facturar— convierten el cobro en un flujo de trabajo con alertas, no en un acto administrativo aislado ⁵.